El despojo de tierras en Colombia se desarrolló bajo factores particulares que hicieron que muchas de las graves violaciones a los derechos humanos fuesen invisibilizadas.
Resumen: El futuro de la infancia y adolescencia colombiana víctima de la violencia y en particular del desplazamiento depende en gran medida de las decisiones que tomen los adultos que los rodean, esto incluye la adopción de medidas de política pública que les permita, mantener su inocencia y “el encanto de su infancia”. Una herramienta fundamental para lograr este fin primordial es la memoria histórica, entendida como el proceso por el cual se impide que el individuo y la sociedad olviden los hechos de violencia, los repita o los perpetúe en el tiempo, máxime cuando tal violencia afectó a un […]
Resumen: En el desarrollo de esta investigación se aborda la problemática de la ocupación secundaria, específicamente en el caso de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó ubicadas en el Urabá Chocoano, las cuales fueron víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tierras, siendo su territorio ocupado por ocupantes secundarios, quienes a su vez deben desalojar para poder realizar la restitución material a las mencionadas comunidades, lo cual se está desarrollando en el marco de las medidas ordenadas a su favor por la Corte Constitucional, siendo necesario identificar los derechos que deben ser garantizados a los ocupantes secundarios de población vulnerable […]
El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia no es un fenómeno que ocurra en algunos lugares del país, sino en casi toda su geografía. Una de las mayores víctimas del desplazamiento forzado han sido las mujeres por su situación de vulnerabilidad acentuada al tiempo del conflicto y posteriormente por la carencia de mecanismos que consideren el criterio de género como determinante en su reparación.
Los hombres y las mujeres enfrentan de manera diferente su condición de desplazados. Las mujeres, al igual que el resto de víctimas del desplazamiento forzado, tienen derecho a una restitución adecuada, efectiva y rápida en los términos de “los Principios y Directrices Básicas sobre el Derecho de las Víctimas” pero teniendo en cuenta que los perjuicios a reparar son de carácter diferencial y particular, la forma de llevarse a cabo la restitución, como medida de reparación, comporta la necesidad de aplicar igualmente, criterios particulares y diferenciadores que pregonen esa restitución real. Y es en estos términos en los que la Ley de Justicia y Paz se quedó corta. De ahí la creación desesperada de la Ley 1448 del 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) que a pesar de subsanar muchas de las falencias contenidas de la Ley de Justicia y Paz en este tema, deja aún por mejorar los programas de atención a las mujeres víctimas de este fenómeno.
El objetivo general del presente artículo es entonces: ilustrar y contrastar el contenido de la Ley de Justicia y Paz y de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en materia de restitución de tierras a las mujeres víctimas del desplazamiento forzado y por último, proponer recomendaciones para la implantación de una nueva y más desarrollada política pública en materia de restitución de tierras en donde la calidad en los niveles de atención cobra un carácter prioritario.
El desplazamiento forzado en Colombia es un fenómeno que por más de dos décadas ha generado, pobreza, inseguridad y desigualdad. Los efectos del mismo han traído consecuencias devastadoras para gran parte de la sociedad, siendo las personas mayores uno de los grupos más vulnerables por sus condiciones especiales. Lo anterior, de acuerdo a que este grupo de la población es el que más se resiste al desplazamiento, debido al arraigo que tienen a su lugar de origen, a su cotidianidad y a sus proyectos de vida. Es por ello que se hace necesario el establecimiento de mecanismos administrativos rápidos y efectivos que tengan en cuenta las condiciones de este grupo de personas, así como la garantía de un enfoque diferencial permitiendo un mayor acceso a la justicia y el restablecimiento de sus derechos.
De esta manera, la investigación realizada giro en torno al establecimiento y la determinación de las verdaderas condiciones en las que se encuentran los adultos mayores en situación de desplazamiento, así como los principales problemas a los que se enfrentan para ejercer su derecho al acceso a la justicia, es decir, (i) las barreras impuestas por las autoridades para su inscripción en el Registro Único de Población Desplazada, (II) la falta de conocimiento y la ausencia de programas de información, y (iii) El incumplimiento del Estado en la protección y garantía de sus derechos.