Resumen Esta investigación se centra en las violaciones al derecho a la igualdad para victimarios de delitos sexuales. Estas personas se han visto en una posición de vulnerabilidad respecto a este derecho, motivo por el cual, el presente artículo busca analizar las principales manifestaciones de desigualdad en las tres fases de criminalización. El artículo se encuentra dividido en cuatro partes: la primera incluye el marco jurídico del derecho a la igualdad; la segunda desarrolla el derecho a la igualdad en la fase legislativa, la cual incluye el populismo punitivo y la imposibilidad de acceder a beneficios judiciales como principales problemas […]
Resumen: En el desarrollo de esta investigación se aborda la problemática de la ocupación secundaria, específicamente en el caso de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó ubicadas en el Urabá Chocoano, las cuales fueron víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tierras, siendo su territorio ocupado por ocupantes secundarios, quienes a su vez deben desalojar para poder realizar la restitución material a las mencionadas comunidades, lo cual se está desarrollando en el marco de las medidas ordenadas a su favor por la Corte Constitucional, siendo necesario identificar los derechos que deben ser garantizados a los ocupantes secundarios de población vulnerable […]
En los cateos, registros y allanamientos se ven comprometidos entre otros derechos constitucionales, el derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y el derecho a la libertad personal del artículo 28 de la Constitución.
Como consecuencia de la afortunada constitucionalización del derecho penal en el ordenamiento colombiano, la validez de los registros y allanamientos está supeditada a lo que al respecto establece la Constitución en su artículo 250. De conformidad con el artículo 250 constitucional desarrollado por el artículo 219 del Código de Procedimiento Penal Colombiano, para la procedencia de un cateo, registro y allanamiento deberá existir una orden previa por parte de la Fiscalía. Sin embargo, dicha orden sólo será válida en la medida en que sea suscrita por el órgano competente y con la finalidad específica de (i) obtener elementos materiales probatorios y evidencia física, o de (ii) realizar la captura del indiciado, imputado o condenado cuando se trate de delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva.
Para ello, la Fiscalía General de la Nación, deberá someter los registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones al control posterior del Juez de Garantías a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la diligencia de registro y allanamiento.
Constituye entonces la diligencia de registro y allanamiento en Colombia, una excepción de rango constitucional al requisito de una autorización judicial previa para la afectación de derechos fundamentales. La pregunta que se hace es entonces: ¿Hasta qué punto puede limitarse el derecho a la intimidad del investigado en los cateos, registros y allanamientos de tal forma que no constituyan estos últimos una violación al texto constitucional? El derecho americano ha desarrollado varias doctrinas que buscan dar respuesta a dicho interrogante, las cuales, de poderse adaptar al contexto colombiano bien pudiesen servir de inspiración y guía a nuestro ordenamiento jurídico.
El desplazamiento forzado en Colombia es un fenómeno que por más de dos décadas ha generado, pobreza, inseguridad y desigualdad. Los efectos del mismo han traído consecuencias devastadoras para gran parte de la sociedad, siendo las personas mayores uno de los grupos más vulnerables por sus condiciones especiales. Lo anterior, de acuerdo a que este grupo de la población es el que más se resiste al desplazamiento, debido al arraigo que tienen a su lugar de origen, a su cotidianidad y a sus proyectos de vida. Es por ello que se hace necesario el establecimiento de mecanismos administrativos rápidos y efectivos que tengan en cuenta las condiciones de este grupo de personas, así como la garantía de un enfoque diferencial permitiendo un mayor acceso a la justicia y el restablecimiento de sus derechos.
De esta manera, la investigación realizada giro en torno al establecimiento y la determinación de las verdaderas condiciones en las que se encuentran los adultos mayores en situación de desplazamiento, así como los principales problemas a los que se enfrentan para ejercer su derecho al acceso a la justicia, es decir, (i) las barreras impuestas por las autoridades para su inscripción en el Registro Único de Población Desplazada, (II) la falta de conocimiento y la ausencia de programas de información, y (iii) El incumplimiento del Estado en la protección y garantía de sus derechos.
